La detención se efectuó en San Pedro Sula, en la capital hondureña. 

En una acción contundente, el Ministerio Público de Honduras procedió con la captura del exministro de Salud, Arturo Bendaña, acusado de un presunto fraude que asciende a casi 225 millones de lempiras (más de 9 millones de dólares) en el contexto de la compra irregular de medicamentos e insumos médicos.

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La detención se llevó a cabo este lunes en la residencia de Bendaña, ubicada en San Pedro Sula, una de las principales ciudades del norte del país. Durante su gestión, que se extendió entre 2010 y 2014 bajo el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, se habrían realizado numerosas transacciones ilícitas, según informaron las autoridades.

La Fiscalía presentó un requerimiento fiscal detallando las acusaciones contra Bendaña, el cual incluye «compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio», resultando en un grave perjuicio económico al Estado de Honduras. 

Este esquema fraudulento no solo implicó al exministro, sino también a ocho individuos adicionales, quienes enfrentarán cargos por fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos y violación a los deberes de los funcionarios.

Las investigaciones revelan que entre 2010 y 2012, una red compuesta por exfuncionarios y empresarios operó mediante contratos fraudulentos y licitaciones manipuladas. Utilizando mecanismos engañosos como el denominado «extrafinanciamiento», esta organización delictiva causó estragos al sistema de salud hondureño, privando a miles de ciudadanos de medicamentos esenciales. Muchos de ellos se vieron obligados a recorrer largas distancias en busca de suministros, enfrentando la desgarradora realidad de la escasez en los hospitales.

Requerimiento fiscal por desfalco multimillonario en compra de medicamentos en Secretaria de Salud bajo administracion de Arturo Bendaña. pic.twitter.com/muUDIT2QX5

— Ministerio Público (@MP_Honduras) August 26, 2024

Además, el informe de la Fiscalía indica que parte del fraude fue facilitado por la intervención del exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez, quien emitió resoluciones favorables a las empresas involucradas, sustentadas en documentos falsos y actas comprometedoras.

Este caso enmarca una serie de tramas de corrupción que se vivieron en el país centroamericano durante los gobiernos de Lobo Sosa y su sucesor Juan Orlando Hernández, ambos del Partido Nacional, de tendencia conservadora. 

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